Si en la primera parte El extractivismo agrario en Aragón: a propósito del caso de La Llitera, se analizaban la Especialización y exportación y el Extractivismo y vulnerabilidad, ahora tenemos una mirada al futuro.

Tormentas en el horizonte

Ya hace más de una década que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) predijo las dificultades futuras sobre la disponibilidad de recursos energéticos, en particular de petróleo, lo cual dibuja un escenario difícil de ignorar a la hora de planificar cualquier futuro alimentario. Lisa y llanamente, de acuerdo con las previsiones de la AIE, no es posible garantizar más allá del 2030-2040 el abastecimiento de crudo a precios accesibles (es decir, a precios que hagan rentables las actividades económicas actuales), lo cual tendrá serias repercusiones para el sector agrario, puesto que depende del petróleo para casi todo (gasoil para maquinaria, elaboración de fertilizantes y de pesticidas, combustible para el transporte de alimentos a lo largo de las cadenas globales, etc.). Algo parecido se desprende de los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), donde se insiste en que el sector agroalimentario contribuye con alrededor de la tercera parte de los gases de efecto invernadero, al tiempo que se prevé que los impactos más preocupantes del cambio climático serán la escasez de agua potable y de alimentos. En este contexto, nadie duda ya de que las medidas para afrontar el cambio climático pasarán inevitablemente por cambiar la forma de producir alimentos.

Aunque todavía tendrá un cierto recorrido (¿una década? ¿dos?), el modelo agroindustrial contemporáneo se prevé inviable en los escenarios descritos, al menos en su escala global actual. Por eso los gobiernos de muchos países ya han diseñado planes de contingencia para situaciones de escasez energética y también alimentaria. Tanto la energía como la alimentación, no son simples mercancías contables, sino que son prerrequisitos para el funcionamiento de todo el resto del sistema socioeconómico y de la vida en general. Es decir, son factores geoestratégicos, cuyo funcionamiento práctico va mucho más allá de la mera lógica económica.

¿Modelos agroalimentarios alternativos?

Adaptarse a estas previsiones de futuro (de la AIE, del IPCC, de la FAO, etc.) requerirá apostar por prácticas agrarias diferentes, contando con todo lo que puedan ofrecer las nuevas tecnologías, pero con un uso más razonable (‘sostenible’) de los recursos, con unos impactos (sociales y ambientales) menores y, sobre todo, con una forma de distribución de las mercancías diferente a la del gran mercado global, el gran cuello de botella. No se trata sólo de producir de forma diferente (‘ecológica’, sin duda), sino de diseñar el sistema agroalimentario de otra manera, de reorganizar las relaciones entre productores y consumidores, reduciendo el poder de las grandes distribuidoras y dando un importante papel a la proximidad y al establecimiento de vínculos de confianza y de alianzas entre los diferentes actores a nivel territorial (agricultores, ganaderos, comerciantes, restaurantes, consumidores individuales o agrupados, comedores escolares y de colectividades, etc.).

Estos modelos agroalimentarios alternativos ya existen en otros territorios y están en una clara expansión (en España existe incluso una asociación de municipios por la agroecología, que comparten ideas y buenas prácticas). Son modelos que se suelen englobar bajo el término de ‘agroecología’ y desde una perspectiva de ‘soberanía alimentaria’, que, después de años de ninguneo, incluso la FAO ha empezado a promover, dado que los impactos del modelo agroindustrial empiezan a ser considerados inasumibles y su futuro se percibe cada vez con más obstáculos. Inciden en ello buena parte de las instituciones de la gobernanza internacional, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015) hasta el Pacto Verde Europeo (2019), pasando por el Pacto por el Clima de París (COP-21 de 2015, consolidado y concretado a finales de este 2021 en la COP-26 de Glasgow) o el Pacto Alimentario de Milán (2015). En este mismo sentido, desde la Comisión Europea se ha promovido la Estrategia Biodiversidad (2020), con el objetivo de regenerar ecosistemas degradados (ríos, bosques), revertir la pérdida de insectos polinizadores, reducir contaminación ambiental y aumentar agricultura ecológica y las prácticas agrosostenibles; así como la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ (2020), con la que se pretende transformar el sistema alimentario europeo reduciendo a la mitad el uso de pesticidas y de antimicrobianos y un 20% el de fertilizantes, así como alcanzar un 25% de superficie agraria ecológica en Europa. Incluso la reforma de la PAC actualmente en marcha se está viendo obligada a incorporar muchos de estos criterios, a pesar de las reticencias atávicas del sector.

Es evidente que el sistema agroalimentario de la Llitera, como el de la mayor parte de Aragón en su conjunto, tiene muchos deberes pendientes ante los escenarios mencionados, como lo es también que las propuestas alternativas ni se vislumbran ni se esperan en el corto o medio plazo, al menos en las zonas de agricultura intensiva. Todo parece indicar que el actual modelo de negocio agrario será exprimido hasta las últimas consecuencias antes de ceder espacio a las alternativas agroecológicas (que probablemente llegarán cuando la mayoría de los pequeños y medianos agricultores hayan sido expulsados del negocio). Tampoco las administraciones públicas parecen demasiado dispuestas a promover alternativas, dado que, en líneas generales, suelen estar bien alineadas con la gran agroindustria.

Iniciábamos este escrito diciendo que la Llitera es una potencia agroalimentaria en sentido amplio, sin las servidumbres del turismo rural ni de los esteticistas del paisaje, en la que agricultores y ganaderos todavía pueden vivir plenamente de la producción de alimentos y son el motor de una poderosa industria alimentaria comarcal. Sin embargo, la evolución de este sistema agroalimentario está avanzando hacia un modelo cada vez más extractivista, dedicado principalmente a producir mercancías indiferenciadas para un mercado global y anónimo, sin que esté claro que los beneficios estén superando a las pérdidas (actuales y futuras). Se diría que avanzamos hacia una mezcla de “beneficios individuales a corto plazo” y “pérdidas colectivas a la larga”, lo cual no parece muy esperanzador en términos de futuro. Cuando pensemos en los porqués de la imparable despoblación de buena parte de nuestro mundo rural, ahí tenemos un buen hueso que roer.

Agricultores y ganaderos de la Llitera (como los de otras comarcas aragonesas) han quedado progresivamente enredados en las dinámicas de las grandes cadenas de inversión global, integrados en una servidumbre aún más pesada y esclava que la del turismo rural. Con el agravante de que, una vez pasada la fiebre inversora, el territorio corre el riesgo de quedar fracturado en términos económicos, sociales y ambientales. Antes de llegar a un punto de no retorno, quizá alguien debería plantear un debate sobre el futuro del territorio en estos términos. Una potencia agraria como la Llitera debería ser capaz de desarrollar proyectos alternativos más adaptados a la realidad del siglo XXI. O, como mínimo, de imaginarlos.