El Presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha reivindicado este mediodía tras la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que el Gobierno central permita a las entidades locales reinvertir el superávit.
La posición de la FEMP en este sentido ha sido firme y así se ha reflejado en la reunión de dicha comisión esta mañana en Ibiza. Miguel Gracia ha recordado que «las diputaciones son la administración más cercana y con mayor conocimiento de los problemas de los vecinos del medio rural» y ha añadido además la «función redistribuidora de impuestos de la administración local intermedia».
«No se entiende que las entidades locales no puedan atender las demandas de los ciudadanos siendo que además cuentan corn recursos disponibles para ellos», ha dicho Miguel Gracia al finalizar la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP que hoy ha tenido lugar en Ibiza. Este órgano ha mantenido su posición firme sobre la posibilidad de reinversión del superávit y ha reivindicado que «el Gobierno central permita reinvertir el superávit de la administración local sin más restricción que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria».
Desde la FEMP se ha argumentado igualmente que han sido las administraciones locales «las que más han contribuido a la reducción del déficit público de España ante la Unión Europea». Por eso han aprobado dirigirse al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios para que por la vía de urgencia, «adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria».
El Presidente de la Diputación de Huesca ha añadido también el papel y conocimiento que las diputaciones tienen del territorio. «Son las administraciones con mayor conocimiento de las necesidades de los ayuntamientos y, por ende, las que mejor saben las demandas de los ciudadanos», ha añadido. En este sentido, durante el encuentro de hoy se ha puesto sobre la mesa de trabajo la importancia «de dar visibilidad al papel y trabajo de las diputaciones», propuesta que ha defendido Miguel Gracia.
Las diputaciones, redistribuidoras de impuestos
Miguel Gracia ha argumentado igualmente que las diputaciones «son la administración local intermedia que redistribuyen los impuestos, no basan su acción y su política en número de habitantes sino que actúan en función de ofrecer igualdad de oportunidades para todos, en especial para los habitantes del medio rural».
Además, se han abordado otras cuestiones en la reunión. Se ha informado sobre el documento que está elaborando la Comisión de la Despoblación de la FEMP, que preside Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza, y en este aspecto se ha abordado también el congreso que sobre despoblamiento se celebrará a finales de este semestre en Huesca.
En otro orden de asuntos, la Comisión de hoy ha analizado en su orden del día la creación de un Banco de Experiencias y Buenas Prácticas de las Diputaciones Provinciales, que se publicará y difundirá a través de la web de la FEMP y al que se incorporarán las aportaciones realizadas por la DPH, como el Plan de Impulso Demográfico, el de Eficiencia Energética, y otras acciones como la red de Telecentros o el Centro de Investigación de Truficultura.
La implantación de la Administración Electrónica y el papel de las Diputaciones Provinciales también ha sido otro de los puntos de hoy. Así, se ha puesto de manifiesto que el cambio estructural que incorpora la Administración electrónica es de vital importancia y obligado cumplimiento para todas las Administraciones. En el caso de los pequeños municipios además se cuenta, en la mayoría de los casos, con su imposibilidad de acceso a herramientas técnicas que son imprescindibles para la implantación de ambas leyes.
Por todo ello, en el marco de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, se ha acordado continuar trabajando por la implantación de las leyes sobre administración electróncia, trasladando a las Comunidades Autónomas y al Gobierno central que, en los procesos de desarrollo legislativo que afecten al ámbito local, «se tenga presente el impacto económico y estructural que conlleva la aprobación de determinadas normas y,la necesaria implicación posterior de otros niveles de la administración». Por ello, se recomienda que, con el fin de asegurarse una verdadera implantación homogénea, se dote de presupuesto a las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares para el desarrollo de dichas actuaciones.
