Texto e Imágenes: Gabinete de Comunicación Diputación Provincial de Huesca
Los diputados de los grupos PSOE y PAR han rechazado esta medida impuesta por el Gobierno Central porque afecta a un derecho universal y gratuito y genera desigualdades sobre todo entre las personas más vulnerables. Por ello piden al Gobierno de Aragón que anule esta medida al igual que han hecho otras Comunidades Autónomas. De igual forma se han aprobado otras dos iniciativas: una rechaza el proceso de reagrupación de registros y una segunda de puesta en valor de las instituciones aragonesas y pide al Gobierno central que sea respetuoso con el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Huesca, 17 de enero de 2014.- Rechazo del copago hospitalario, exigir al Gobierno de Aragón que anule la medida y manifestar la postura contraria a esa medida que afecta a un derecho universal y gratuito y especialmente de aquellas personas más vulnerables. Estos son los tres puntos que hoy se han aprobado en el pleno de la Diputación de Huesca con el voto a favor del PSOE y del PAR. Luis Felipe, diputado responsable de Servicios Sociales, que ha defendido en el pleno la moción, ha destacado que “el copago afecta a unas 1.200 personas y sobre todo a aquéllas que padecen alguna enfermedad crónica”.
“Es una medida injusta, que atenta contra derecho universal de la sanidad gratuita y pone en riesgo a sectores vulnerables de la población aragonesa porque algunos no podrán hacer frente a ese repago”, ha añadido.
Este tipo de copago de dispensación hospitalaria consiste en cobrar una parte del coste de los medicamentos que se dispensan en farmacias hospitalarias a pacientes que no están ingresados. El Ministerio de Sanidad ha recordado a las Comunidades Autónomas la obligación de aplicarlo, y si bien hay varias Comunidades que ya han anunciado que anularán esta medida, el Gobierno de Aragón fue el primero en anunciar que está ultimando el sistema de cobro. “Los repagos aplican políticas injustas a los colectivos más vulnerables y por lo tanto estamos generando con estas políticas una desigualdad entre quienes más tienen y menos”, ha añadido.
El pleno de la DPH ha rechazado igualmente las propuestas del Gobierno central para reestructurar o reagrupar los registros de la propiedad existentes en la provincia de Huesca. En la actualidad hay 10 y desde el Ministerio de Justicia se ha iniciado un proceso de revisión. La iniciativa aprobada rechaza que esta reagrupación “pueda suponer un nuevo recorte en los servicios que se prestan en el medio rural”.
El PSOE y el PAR han votado a favor y el PP se ha abstenido. El diputado popular, José Luis López, ha manifestado “no estar de acuerdo con el contenido de la moción” y el portavoz del PAR, Joaquín Serrano, ha argumentado “un necesario reequilibrio territorial del servicio público a los ciudadanos en el medio rural”. Por su parte, Elisa Sanjuán, diputada proponente de la moción ha esgrimido el conocimiento de la realidad del medio rural y ha lamentado que este tipo de medidas “se pongan en marcha en detrimento de los ciudadanos de esta provincia, que tendrían que recorrer más kilómetros en caso de reagrupamiento de registros”.
Precisamente en esta materia, la iniciativa lamenta el proceso de privatización “subyacente en el fondo de esta revisión” y por este motivo la Diputación de Huesca pedirá al Gobierno de Aragón una firme defensa de la actual estructura y demarcación de registros mercantiles y de bienes inmuebles”.
Piden respeto al Gobierno central
La tercera iniciativa que hoy se ha aprobado, en este caso de forma institucional, es la relativa a la defensa a las instituciones aragonesas. La DPH rechaza “cualquier pretensión de eliminación de las instituciones aragonesas previstas en el Estatuto de Autonomía de Aragón”. El Justicia de Aragón, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas son estas tres instituciones hacia las cuales se pide respeto y, en este sentido, se exige al Gobierno central “el máximo respeto al contenido de nuestro Estatuto de Autonomía como norma institucional básica y al ejercicio del autogobierno en cuanto a las decisiones propias sobre la organización de la administración aragonesa”.
