En el marco de la operación Hamo, la Guardia Civil ha detenido a 35 hombres -de entre 20 y 63 años-, en La Rioja, Burgos, Cantabria, Huesca, Málaga, Navarra y Bizkaia, como presuntos autores en diferentes grados de participación de los delitos de abusos sexuales a menores de edad y corrupción de menores.
Estas personas buscaban en una conocida plataforma digital de citas a menores de edad, para entablar una relación de confianza y mantener encuentros sexuales o para intercambiar vídeos y fotos de contenido sexual explícito. Algunos de estos individuos tras haber consumado el encuentro sexual, no querían perder el contacto con ellos y les seguían enviando mensajes para quedar y animarles a continuar con la relación.
La Guardia Civil ha tomado declaración como investigado al administrador de la plataforma en España ya que la web donde se producían los contactos no guardaba las mínimas medidas de moderación y revisión automatizadas. Tampoco contaba con los mecanismos que impiden que menores de 16 años de edad pudiesen insertar anuncios solicitando encuentros sexuales con adultos.
La operación Hamo se inicia en marzo de 2019 a raíz de una denuncia presentada en La Rioja por la familia de un menor de 13 años. Los denunciantes detectaron numerosas conversaciones y mensajes con personas adultas que querían quedar con el menor para mantener relaciones sexuales.
Guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de La Rioja, analizaron los equipos informáticos del menor y pudieron elaborar patrones de comunicación de las personas implicadas con el menor. Los agentes dieron con decenas de anuncios de tipo sexual en la página web, en los que constaba de manera inequívoca la edad 13 años del anunciante. Tras ello, los investigadores iniciaron la monitorización de la página de contactos, en la que diariamente se llegan a publicar más de dieciséismil anuncios de carácter sexual explicito, pudiéndose constatar la existencia de otro menor que también había publicado anuncios para mantener relaciones sexuales con adultos.
El elevado volumen recopilado de datos ha dificultado las identificaciones de los sospechosos, donde los investigados además utilizaban identidades ficticias para obstaculizar la actividad policial.
La autoridad judicial ha requerido al responsable de la plataforma digital para que adopte todas las medidas de seguridad, filtros y control que existan. Esta medida resulta tan novedosa como necesaria al tratarse de medidas cautelares en el mundo digital de carácter proactivo, amparadas en el marco de la seguridad y preservación de la indemnidad sexual de menores de edad.
