La reunión entre el Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas acaba sin acuerdo estatal en torno al uso de las mascarillas en hospitales, farmacias, centros de salud y centros sociosanitarios.
Mientras el virus de la gripe multiplica su incidencia, pasando de 249,4 casos por 100.000 habitantes en la última semana del año a 438,3 casos por 100.000 habitantes en la primera, según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, el Ministerio de Sanidad reunía este lunes 8 de enero a las comunidades autónomas, para volver a la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales, farmacias, centros de salud y centros sociosanitarios de manera coordinada, pero no ha podido ser ante la ausencia de un acuerdo conjunto. La ministra, Mónica García, ha informado de que ha dado 48 horas a las comunidades para que trasladen todas sus inquietudes al respecto, pero en esta ocasión los territorios tienen total potestad para volver o no a este material de protección, en ausencia de un estado de alarma y de un decreto gubernamental.
Comunidades como Madrid o Baleares, que, en contra del criterio de otros gobiernos populares como el de Murcia o Valencia, que ya habían acordado instaurar la mascarilla en estos lugares, se han negado a volver a retornar a esta medida. Otras comunidades como Asturies, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Navarra o Euskadi se han mostrado más favorables a una recomendación que a una obligación.
Con anterioridad a esta reunión, también había aprobado una medida similar Catalunya, que tiene una incidencia de 884 casos, y que estrenaba este lunes la nueva normativa en hospitales y centros sanitarios. También Aragón ha arrancado con la obligatoriedad de la mascarilla, para profesionales y para pacientes que se encuentren en salas de espera.
García ha asegurado que proporcionará soporte jurídico a las comunidades autónomas que han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios. Tras la reunión, y pese a la ausencia de acuerdo, la ministra ha relatado que seguirán trabajando “codo con codo” con las comunidades para frenar la escalada vírica. Para la ministra, el uso de mascarilla en centros sanitarios es una medida “efectiva”, “de sentido común”, “avalada por la evidencia científica” y bien recibida por la población.
Comunidades como Madrid o Baleares, en contra del criterio de otros gobiernos populares como el de Murcia o Valencia, se han negado a volver a retornar al uso de mascarilla
Una medida de protección para ponerle tope al incremento de casos, que está cristalizando en un colapso tanto en centros de salud como en las urgencias hospitalarias, servicios que, tras la pandemia no se han visto reforzados, y que no están preparados para las epidemias estacionales y, por tanto, predecibles. Según los presupuestos para 2024 de todas las comunidades autónomas, el incremento del gasto sanitario per cápita se sitúa en un 5% más de media, 90 euros por persona.
Este crecimiento “sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario, recuérdese que la inflación prevista para 2023 está en 3,8%”, expresaban desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en un informe sobre los presupuestos autonómicos para 20
24. Desde esta organización hablan de una “crónica insuficiencia financiera” con una “gran variabilidad entre comunidades autónomas”.
Autobaja
Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad trabaja de la mano de Seguridad Social para implantar un sistema de autobajas, que permita que trabajadores y trabajadoras puedan, mediante una declaración jurada, solicitar bajas de tres días sin tener que acudir a las consultas de los médicos de familia.
Como ya ocurriera durante la pandemia, las consultas de Atención Primaria se están colapsando con trámites burocráticos que impiden a los facultativos y facultativas atajar las dolencias de los pacientes, que son las que, tal y como ellos consideran, deberían centrar su labor.
Publicación original en El Salto diario del 8 de enero de 2023
