Texto: Salvador Ariste Latre
Imagen: Archivo
Hay cientos de parados, jubilados, viudas, trabajadores temporales, pequeños agricultores y gente que, por complementar su renta o para llegar a fin de mes, se dedican a la recolección del caracol común o Helix Aspersa. Pero se están encontrando con un grave problema, existe una prohibición generalizada en la legislación española de protección de la fauna silvestre para su captura y comercialización. Así que, paradójicamente, podemos tener un Jefe de Estado que mate elefantes, ricos matando sarrios en un parque nacional, barcos asesinando ballenas en vías de extinción, delfines sacrificados en la pesca del atún o focas matadas a garrotazos, pero la gente más necesitada tiene “prohibido coger caracoles silvestres”.
Hay quien piensa que esa prohibición viene de cuestiones tributarias (IVA o IRPF) o sanitarias y están equivocados pues, aun siendo una plaga en muchos campos, se encuentran protegidos genéricamente por la legislación española de conservación espacios naturales, y de la flora y fauna silvestres, según me dijo por escrito el Consejero aragonés de Medio Ambiente en el año 2005, siendo diputado autonómico de CHA. Guardando las distancias, la ley los protege como al quebrantahuesos, la avutarda o el avetoro, por poner un ejemplo.
Ese mismo consejero también decía que el sector del caracol era una actividad marginal “que, en su vertiente comercial, podría llegar a tener cierto interés localmente pero que, en la situación actual, no parece justificar la promulgación de una normativa sectorial, al menos de manera urgente”. Conclusión, para la casta política aragonesa ni valía la pena antes, ni lo vale ahora, legislar para que cientos de personas de baja renta puedan sacarse algún dinero del caracol silvestre, aun en medio de esta tremenda crisis y tratándose de un producto que se consume hace miles de años, que forma parte de nuestra gastronomía más tradicional. Aun furtivamente, hoy se sigue comiendo a toneladas en Aragón, Andalucía, Cataluña o Francia, aunque para abastecer el mercado buena parte de ellos son importados del norte de África, donde me permito dudar que cumplan las condiciones ambientales y sanitarias mejor que los nuestros autóctonos.
El caracol tiene sus riesgos sanitarios por herbicidas o insecticidas, como las setas por las especies venenosas o la pesca silvestre por los vertidos de hidrocarburos, metales pesados o radioactividad en mares y océanos, por eso es imprescindible regular los cauces de su comercialización con el máximo rigor para garantizar la salud de los consumidores, igual que -supongo, porque no lo sé- se hace con las sardinas del Cantábrico, los berberechos de Galicia o las gambitas de Huelva, antes de que lleguen a nuestra mesa. Pero no existe razón objetiva para que sean el único animal silvestre de consumo tradicional ilegalizado.
Bueno sería aplicar el sentido común, dejar de sancionar a la gente humilde y regular para que los recolectores lo hagan legalmente o los agricultores no sufran sus plagas o los destrozos de quienes no respetan los campos cuando los cogen y para que se puedan comercializar –a través de las granjas actuales, por ejemplo- con garantías fiscales y sanitarias, de tal forma que los hosteleros y consumidores los podamos comprar y comer con la mayor seguridad y calidad.
La ilegalidad y desregulación no es la solución, sino el problema, porque condena al mundo del caracol al furtivismo y al oscurantismo. Hay que legislar ya para que aflore dinero legal, empleo y seguridad alimentaria.
