Después de más de dos años de oposición al proyecto de Planta de generación eléctrica mediante incineración de biomasa, la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa de Monzón y Ecologistas en Acción cree que es necesario seguir manteniendo una movilización popular que deje patente que una mayoría de ciudadanas y vecinos nos oponemos a este demencial proyecto.
EL PROYECTO
Presentado por Forestalia Renovables y autorizado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) consiste en la construcción de una planta de generación de energía eléctrica mediante la Incineración de biomasa de 49,9 MW, que pretende la quema de 1.224.000 kilos diarios de astillas de madera, durante 8.000 horas al año, instalándose a 600 m de las viviendas de los ciudadanos de Monzón y que generaría energía eléctrica capaz de abastecer a 300.000 personas.
EMISIONES
Las emisiones declaradas por el promotor, de acuerdo a la autorización otorgada por el INAGA, serían de más de 500 toneladas anuales de monóxido de carbono, más de 400 de dióxido de azufre y otras tantas de óxidos de nitrógeno y más de 40 toneladas de partículas en suspensión. Además de estas sustancias declaradas existen hasta 75 sustancias tóxicas que, según la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, se emiten con la combustión de la madera, entre otras benzopirenos y dioxinas.
SALUD E INCINERADORA DE BIOMASA
Las emisiones de contaminantes de la Incineradora, que se pretende instalar a 600 m de las viviendas de las ciudadanas de Monzón, fueron tratadas recientemente en la conferencia “Problemas de la Incineración de Biomasa” a cargo del científico Eduardo Rodríguez Farré, experto en toxicología y miembro del Comité Científico de la Unión Europea sobre Nuevos Riesgos para la Salud. Rodríguez Farré alertó que la emisión de contaminantes como las partículas en suspensión o los óxidos de nitrógeno aumentarían los casos de enfermedades broncopulmonares y cardiovasculares entre la población de Monzón y localidades cercanas. Por otro lado dejó claro que la combustión de biomasa en las incineradoras es una fuente principal de contaminantes muy tóxicos, como los benzopirenos o las dioxinas, sustancias de las más tóxicas conocidas y que son causa de cáncer, ocasionando que se eleve el número de muertes prematuras entre la población expuesta a los humos de la incineradora, que se evalúan en más de 2.000 millones de m3 anuales.
LA OPOSICIÓN AL PROYECTO
La Plataforma contra la Incineradora de Biomasa de Monzón ha protagonizado, desde mediados del 2015, numerosas acciones y actos públicos donde se ha denunciado las afecciones a la salud pública de este proyecto, mediante concentraciones, andadas, mesas informativas, recogidas de firmas y actos de protesta que reivindican el derecho fundamental de los ciudadanos a su salud.
Las irregularidades detectadas en el expediente de la Planta de Incineración de Biomasa ha llevado a Ecologistas en Acción a presentar múltiples denuncias administrativas, alegaciones y recursos que han desembocado en una querella criminal contra los responsables de la autorización. Los principales argumentos para sustentar estas denuncias han sido el deficiente estudio de dispersión de contaminantes presentado por el promotor (así queda reflejado en un informe interno del Servicio de Cambio Climático adscrito a la Consejería de Sostenibilidad), donde no se han estudiado sustancias tóxicas como benzopirenos, dioxinas u ozono, ni se han tenido en cuenta las emisiones de las demás industrias, con lo que no se ofrecen garantías de cumplimiento de los límites legales de contaminantes; y por otro lado, la permisividad con la que el Ayuntamiento de Monzón ha otorgado la autorización para instalar la Incineradora a 600 m de las casas de los vecinos de Monzón (cuando una granja debe guardar una distancia mínima de 1500 m), en suelo rústico, incumpliendo las regulaciones emitidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Monzón y fuera de los polígonos industriales que se crearon a tal efecto, ahorrando múltiples costes a la empresa promotora de forma que tanto el Ayuntamiento de Monzón como el INAGA parecen haber sido más sensibles con los intereses de la promotora Forestalia Renovables que con el derecho reconocido por la Constitución, que tienen todos los ciudadanos, a su salud.
