. . . La prevaricación de Alberto es fruto de una persecución política y de un hostigamiento por parte del PSOE local, que en dos años reclamaron unas 700 solicitudes de información, una cifra exageradísima para un ayuntamiento de [1.300 habitantes] que casi llega a colapsarlo. De todas ellas cinco se respondieron fuera de plazo y el juez valoró que estos retrasos en la entrega de documentación habían sido intencionados. A esto se suma el delito urbanístico relacionado con haber concedido cédulas de habitabilidad a cinco viviendas sin terminar, con las que cinco familias estaban en riesgo de perder los ahorros de su vida, pues la promotora entró en bancarrota y las viviendas se las iba a quedar el banco.
La condena asciende a 17 años de inhabilitación y más de 120.000 euros de sanción, entre multas, indemnizaciones y costas, que supondrían 255 días de cárcel en caso de impago . . .
Según el Indultómetro más de diez mil personas han sido indultadas en los últimos veinte años, y entre ellas encontramos desde altos cargos condenados por el terrorismo del GAL a militares que falsearon las pruebas de identificación de los cadáveres en el accidente del Yak-42, desde representantes de la cúpula bancaria a policías condenados por torturas, o políticos corruptos. Concedérselo a Alberto no hubiera sido tan disparatado, o vistos los antecedentes lo mismo sí.
José Luis Fernández Casadevante ‘Kois’: «Un alcalde ecologista a las puertas de la cárcel», en eldiario.es ; Madrid : Diario de Prensa Digital, 30 enero 2019 (extr. La Litera información)
