El TSJA da la razón a los populares, que argumentaba que la Corporación invadía competencias del Estado contempladas en el Código Penal, y condena al pago de costas al Ayuntamiento.
En agosto de 2020, el gobierno socialista de Binéfar aprobó la Ordenanza de Convivencia y Civismo del municipio. La portavoz del PP, Pilar Bernad advirtió en ese momento que determinados artículos de la Ordenanza escapaban de las competencias municipales. En concreto, se prohibían literalmente “conductas de desprecio o comportamiento xenófobo, racista, sexista, ideológico, religioso o de cualquier índole”. La ordenanza prohibía también expresamente el maltrato animal. Se da la circunstancia de que ambos extremos ya están contemplados en el Código Penal y, en consecuencia, escapan por completo de las competencias municipales. En ese momento, la portavoz popular asumió personalmente el proceso de demanda ante los tribunales en defensa de la legalidad. A su vez, el gobierno socialista de Binéfar recurrió a abogados externos para afrontar un proceso legal que ahora, finalmente, el TSJA ha zanjado a favor de la portavoz popular.
Pilar Bernad afirma que “lo grave, el fondo del asunto, es que el gobierno del PSOE de Binéfar se ha creído por encima del código penal a pesar de todas las advertencias”. La portavoz popular recuerda que se ha enfrentado a toda la “maquinaria” municipal de un ayuntamiento con 10 millones de euros de presupuesto “exclusivamente por el empecinamiento de quienes piensan que los recursos públicos y el dinero de todos están a su servicio”.
