El acercamiento del PSOE de Lambán a los postulados del PP y Ciudadanos en cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón 

En Aragón, el tope exento de impuestos quedará en el medio millón de euros, delimitando que, para los partidos que representan Lambán, Beamonte y Gaspar, la clase media sea más esa zona de confort para familias ricas que el podio al que intenta escalar cualquier persona trabajadora de nuestros barrios y clases más populares.

Pero, claro, la clase media, por definición, no tiene límites. Se trata de un concepto nacido con un único objetivo: desgastar a la clase trabajadora. Incluso desclasarla. Desde finales del siglo XX, mileuristas y millonarios han recalado en este ficticio estatus social: la difusa clase media que alberga, más que un estrato económico y social, unas formas de vida y modos de consumo similares, ya sean reales o anhelados.

Poco importa que, hasta ahora, en Aragón quien heredara de familiares directos la cifra nada desdeñable de 150.000 euros ya estuviera exenta de impuestos. O que el impuesto de sucesiones en Aragón tributara muy por debajo de rentas obtenidas como fruto del trabajo. O que los hijos menores en Aragón puedan recibir hasta tres millones de euros en herencia sin tributar ni un solo euro. La batalla mediática, y por ende la política, se ha librado en términos que definían el tributo como robo, colando el mensaje en un amplio porcentaje de la población aragonesa, empujando a un PSOE, cuyos representantes ya se encuentran entre las clases más adineradas de la ciudadanía, a los brazos del PP y de Ciudadanos.

Y lo hacen a sabiendas de que la reforma solo beneficia a los tramos más altos de herencias y los familiares más lejanos, y de espaldas a las recomendaciones de muchos expertos que consideran el impuesto como necesario y redistributivo.

Si pudiéramos olvidar por un momento que en los años 80 alguien nos coló el gol de la clase media, quizá pudiéramos verlo de otra manera: con la reforma de sucesiones, las arcas públicas de Aragón perderán algo más de 40 millones de euros, que bien podrían utilizarse en servicios públicos; las clases adineradas se librarán de pagar un engorroso impuesto y, lo que es más triste, las clases trabajadoras seguirán sin pagarlo porque nunca su patrimonio llegó a las cifras que se barajan, aunque las codicien. Ahora, sáquense las cuentas.

El Salto. Edición general Aragón


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