Eso cambió en España en 2015 con la última reforma del Código Penal . . . en la que los dos principales partidos nos intentaron convencer de que el Estado era débil y la sociedad estaba en grave peligro a causa de la amenaza inminente del terrorismo yihadista . . .

Para ello, se amplió la definición de terrorismo . . . Esa nueva concepción pactada por el PP y el PSOE abría la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. La herramienta era el artículo 573 del Código Penal que establece que el delito de terrorismo es prácticamente cualquier delito grave . . . que tenga alguna de las finalidades reseñadas en él.

La primera . . . era esta: “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” . . .

No hay gran movilización de protesta que no pretenda obligar a una Administración nacional, autonómica o local a hacer algo o dejar de hacerlo. Es lo que ocurrió en los años 80 en las manifestaciones contra la reconversión industrial en Sagunto y Ferrol, en las protestas de los mineros asturianos en distintas épocas, en el barrio de Gamonal en Burgos, o más recientemente en Murcia, y en todas las concentraciones para impedir desahucios.

En muchas de esas movilizaciones hubo hechos violentos de mayor o menor gravedad, y en algunos casos hubo personas que tuvieron que responder por sus actos en los tribunales. Nadie los consideró terroristas . . .

Ese mismo artículo 573 dicta que “alterar gravemente la paz pública” es motivo suficiente para entablar una acusación por acto terrorista, un concepto tan amplio que nos coloca ante una situación de clara inseguridad jurídica.

Al final, un acto terrorista en España es lo que la Audiencia Nacional quiera señalar como acto terrorista. Ahora mismo, un corte de carretera –una estampa nada insólita en una democracia– ha pasado a ser un instrumento terrorista . . .

Iñigo Sáenz de Ugarte: «Todos somos terroristas en potencia y la Audiencia Nacional lo sabe», en eldiario.es ; Madrid : Diario de Prensa Digital, 11 abril 2018 (extr. La Litera información)


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