Verán, cuando una mujer acude a una comisaría de policía a interponer una denuncia por violencia de género, se realiza una valoración del riesgo para la víctima. En resumen, de los datos que va aportando la denunciante, se van llenando ítems en un programa informático llamado VPR . . .

Ya saben que, tratándose de derecho penal, ante la duda siempre hay que decidir en favor del sospechoso. Sin embargo, este sistema informático del que hablamos está aplicando la máxima contraria: ante la duda, la valoración más restrictiva. Y lo mismo me dicen que sucede con el software empleado para la progresión o regresión de grado de los internos en centros penitenciarios . . .

No es que se trate de inteligencias artificiales de la complejidad de un coche autónomo, es que se trata de software cerrado, privativo, cuyo código no es accesible.

. . . el debate sobre el uso de software libre por las Administraciones Públicas no es cosa que solo ataña a frikis melenudos: la posibilidad de conocer, de que alguien pueda auditar cómo funcionan esos programas, es uno de los derechos más importantes que debemos conquistar en el futuro. Porque esos sistemas informáticos son los que van a afectar al resto de nuestros derechos como ciudadanos.

Teniente Kaffee: «Derecho de algoritmos 101», en eldiario.es ; Madrid : Diario de Prensa Digital, 2016-09-18 (extr. La Litera información)


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