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La llamada Ley de Campbell advierte de esa modificación de la realidad al ser medida. El psicólogo americano la formuló de la siguiente manera: «Cuanto más se aplica un indicador cuantitativo para las decisiones sociales, tanto más distorsiona y corrompe los procesos sociales que debería observar». El ejemplo que aducía tenía que ver con un hecho trágico de la guerra de Vietnam. En la primera fase de la guerra, el ejército americano tenía muy poca información acerca de las bajas que producía en el enemigo y propuso que éstas se contaran para evaluar la eficacia de las unidades de combate. Esto implicaba presionar para matar al mayor número posible de enemigos, lo que incluía cada vez más a civiles, ya que en una guerrilla no está del todo clara la diferencia entre soldado y civil . . .

La cuantificación, es decir, la transformación de los fenómenos sociales en el lenguaje de los números, consigue muchas veces sustraerse de la obligación de justificarse y se inmuniza así frente a la crítica . . . su carácter técnico permite ocultar los presupuestos tácitos de su elaboración, las selecciones que se han preferido y las alternativas que han sido excluídas.

Los números no son sólo matemáticas; también hacen política . . . Los algoritmos producen y representan lo que ha ser considerado como relevante y valioso. Las estadísticas presumen de reflejar una realidad objetiva, pero son construcciones selectivas que en parte producen esa realidad . . . Las clasificaciones no se imponen por su propia evidencia, sino que son más bien el resultado de un cierto combate social . . . En cuanto se ha decidido consagrar un indicador, todos los actores se ven obligados a guiarse por él. En la lucha por la clasificación nos jugamos también una determinada distribución del poder . . .

Daniel Innerarity: Política para perplejos; Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2018 (extr. La Litera información)

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Eso cambió en España en 2015 con la última reforma del Código Penal . . . en la que los dos principales partidos nos intentaron convencer de que el Estado era débil y la sociedad estaba en grave peligro a causa de la amenaza inminente del terrorismo yihadista . . .

Para ello, se amplió la definición de terrorismo . . . Esa nueva concepción pactada por el PP y el PSOE abría la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. La herramienta era el artículo 573 del Código Penal que establece que el delito de terrorismo es prácticamente cualquier delito grave . . . que tenga alguna de las finalidades reseñadas en él.

La primera . . . era esta: “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” . . .

No hay gran movilización de protesta que no pretenda obligar a una Administración nacional, autonómica o local a hacer algo o dejar de hacerlo. Es lo que ocurrió en los años 80 en las manifestaciones contra la reconversión industrial en Sagunto y Ferrol, en las protestas de los mineros asturianos en distintas épocas, en el barrio de Gamonal en Burgos, o más recientemente en Murcia, y en todas las concentraciones para impedir desahucios.

En muchas de esas movilizaciones hubo hechos violentos de mayor o menor gravedad, y en algunos casos hubo personas que tuvieron que responder por sus actos en los tribunales. Nadie los consideró terroristas . . .

Ese mismo artículo 573 dicta que “alterar gravemente la paz pública” es motivo suficiente para entablar una acusación por acto terrorista, un concepto tan amplio que nos coloca ante una situación de clara inseguridad jurídica.

Al final, un acto terrorista en España es lo que la Audiencia Nacional quiera señalar como acto terrorista. Ahora mismo, un corte de carretera –una estampa nada insólita en una democracia– ha pasado a ser un instrumento terrorista . . .

Iñigo Sáenz de Ugarte: «Todos somos terroristas en potencia y la Audiencia Nacional lo sabe», en eldiario.es ; Madrid : Diario de Prensa Digital, 11 abril 2018 (extr. La Litera información)

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